ATENCIÓN: Las familias deberán solicitar el bono social de la luz antes del 9 de abril ¡DIFUSIÓN!

Sólo el 1% de los beneficiarios han solicitado a Endesa la renovación de este contrato específico en caso de rentas bajas

El Gobierno puso en marcha el nuevo bono social de electricidad el pasado mes de octubre, y las familias beneficiarias tienen que solicitar acogerse al mismo antes del 9 de abril, ya que la renovación no es automática para aquellos que disponían de este beneficio anteriormente. Según los datos aportados por Endesa en la provincia de Málaga, tras la entrada en vigor del cambio normativo, la compañía cuenta con 116.754 clientes adheridos a esta modalidad, de los cuáles sólo 648 ya se encuentran adheridos al nuevo bono social (es decir, sólo un 1%) y el resto pertenecen todavía al antiguo formato. Fuentes de la empresa recuerdan a los afectados que deben volver a tramitar la solicitud, según establece la ley.

Técnicos de Endesa está manteniendo charlas formativas con sus homólogos del Servicio de Acción Comunitaria y Dependencia del Ayuntamiento de Málaga, con el fin de informarles sobre las características de esta medida. Estas sesiones tienen como finalidad que los trabajadores sociales, que cada día están en contacto con las personas susceptibles de acogerse al mismo, puedan dar la mejor información sobre este programa.

El Bono social se aplica a las familias acogidas al PVPC (Precio voluntario para el pequeño consumidor) y su formulación tiene varias categorías. Por un lado, están los consumidores vulnerables: aquellos con rentas bajas, referenciadas al IPREM (familias con o sin menores a su cargo, familias numerosas y las que tengan un ingreso mínimo de pensión por jubilación o incapacidad permanente. A esta categoría se aplica un 25% de descuento en la factura.

Luego están los consumidores vulnerables severos, con rentas aún más bajas que las anteriores, también establecidas por el gobierno y cuya referencia sería la mitad de las de los consumidores vulnerables. Con descuentos del 40%. Y, por último, los consumidores en riesgo de exclusión social. Estos deben cumplir con los requisitos marcados por el Gobierno para ser considerados consumidores vulnerables severos, y los servicios sociales deberán asumir el pago de al menos el 50% de la factura, asumiendo el resto del importe las comercializadoras. En todo caso serán los Servicios Sociales quienes determinen a qué consumidores se les considerará en riesgo de exclusión social. Una vez que se conceda tendrá una duración de dos años, salvo en las familias numerosas, que se mantendrán mientras tengan esta consideración.

 

Fuente: www.diariosur.es

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